En abril, la administración Trump comenzó a declarar partes de la región fronteriza entre Estados Unidos y México como “áreas de defensa nacional” (NDAs, por sus siglas en inglés), como si fueran bases militares de acceso restringido.

Estas declaraciones de NDA tienen como objetivo otorgarle al Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) nuevos poderes aplicables a lo largo de la frontera. Para comunidades de inmigrantes, ahora hay hasta más en juego: cruzar un NDA no solo implica cargos federales por invasión a la propiedad privada sino también cargos de inmigración. Ciudadanos estadounidenses también pueden enfrentarse a ser procesados si atraviesan áreas mal identificadas cuando viajen, caminen, cacen o trabajen cerca de la frontera.

La creación de NDAs es parte de un patrón más amplio en la estrategia antiinmigrante del presidente Donald Trump y sus esfuerzos por impulsar un despliegue sin precedentes de poder militar en todo el país. Comunidades quedan prácticamente aisladas de acceso a terrenos públicos, mientras que los estados se ven obligados a lidiar con una mayor aplicación de la ley y menos transparencia.

A continuación, explicamos qué son las nuevas "áreas de defensa nacional", cómo afectan nuestros derechos y cómo les hacen daño a nuestras comunidades.

A principios de este año, el presidente Trump emitió un memorando transfiriendo el control de ciertos terrenos públicos federales a lo largo de la frontera sur al Departamento de Defensa. El secretario de defensa ahora puede designar estos terrenos como NDA, y ya lo ha hecho en Arizona, Nuevo México y Texas.

Por lo general, al describir las nuevas áreas, funcionarios federales han intentado minimizar su tamaño centrándose en la inclusión de una estrecha zona de amortiguamiento fronterizo de 60 pies, conocida como la 'Reserva Roosevelt', que se extiende paralela a algunas secciones de la frontera terrestre entre Estados Unidos y México. Sin embargo, en algunas áreas los NDAs se extienden mucho más al norte, abarcando carreteras, terrenos desérticos y áreas utilizadas por comunidades locales.

Por ejemplo, solo el NDA de Nuevo México abarca más de 400 millas cuadradas, según un análisis de Source New Mexico. El NDA de Texas se extiende por 63 millas, desde El Paso hasta Fort Hancock. Otros NDA incluyen zonas del Valle del Río Grande de Texas y el condado de Yuma, Arizona. Cada una de ellas se caracteriza por ser "instalaciones" militares que se extienden desde, y a menudo hasta mucho más de, una base militar específica.

Los NDA no incluyen tierras administradas por, o propiedad de tribus reconocidas a nivel federal. Tampoco incluyen tierras no federales, como parques estatales. Sin embargo, si una persona visita un parque estatal o vive en tierras tribales o de propiedad privada, y accidentalmente cruza a un NDA, corre el riesgo de ser detenida, interrogada, registrada y acusada injustamente de ingresar intencionalmente al área restringida.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y sus agentes de la Patrulla Fronteriza ya vigilan la región y cuentan desde hace tiempo con facultades para interrogar y arrestar a personas que ingresen ilegalmente a Estados Unidos. Dentro de los NDAs, el gobierno también afirma tener autoridad para que tropas estadounidenses interroguen, registren y detengan temporalmente a presuntos invasores de propiedad privada [NDAs]. Esto corre el riesgo de difuminar la línea entre la aplicación de la ley civil y la autoridad militar.

Bajo ley federal, entrar a una de estas áreas sin autorización puede resultar en cargos por invadir (trespassing) propiedad militar, los cuales incluyen:

• 18 USC § 1382 – Entrar en propiedad militar sin autorización. Sancionable con hasta seis meses de cárcel y una multa de $5,000.00.
• 50 USC § 797 – Violación deliberada de regulación de seguridad para la propiedad militar. Sancionable con hasta un año de cárcel y una multa $100,000.00.

En los últimos meses, personas detenidas dentro de NDAs ya han sido acusadas en virtud de estas leyes.

Eso depende de su estatus de ciudadanía:

Si usted es ciudadano de Estados Unidos:

• No puede acusado de entrada ilegal (o re-ingreso) a Estados Unidos bajo el título 8 secciones 1325 o 1326 del Código de Estados Unidos (USC), pero sí puede ser acusado bajo cargos de invasión a propiedad privada (trespassing).
• Corre el riesgo de enfrentar cargos por invadir propiedad privada si cruza a un NDA, por ejemplo, al salir de una carretera, al caminar o cazar en terrenos desiertos.

Si usted no es ciudadano de Estados Unidos:

• Usted corre el riesgo de enfrentar los mismos cargos potenciales de invasión a propiedad privada (tresspassing) además de posibles cargos de inmigración, tales como:
  • 8 USC § 1325 – Entrada ilegal
  • 8 USC § 1326 – Reingreso ilegal después de la deportación

Eso significa que si un no-ciudadano es arrestado dentro de un NDA y se sospecha que ingresó sin autorización a Estados Unidos, enfrenta el riesgo de tres cargos separados: entrada no autorizada a una propiedad militar, violación intencional de una regulación de seguridad y entrada o reingreso ilegal.

Si se le acusa bajo 18 USC § 1382 o bajo 50 USC § 797 por entrar a un área de defensa nacional, tiene derecho a un abogado y la oportunidad de impugnar los cargos en un tribunal. Tiene derecho a hacer que el gobierno pruebe su caso en su contra. Cualquier persona que enfrente estos cargos debe hablar con un abogado lo antes posible para obtener asesoramiento legal.

No.

El gobierno dice que ha colocado letreros de advertencia, pero los letreros son pequeños, solo en inglés y español, pocos y distantes entre sí. Según mociones judiciales, los letreros se colocan dentro de los NDAs, alejados de la línea fronteriza entre Estados Unidos y México, lo que significa que las personas al entrar a los NDAs desde México ya han cruzado al área restringida antes de tener la oportunidad de leer los letreros. Según informado, las señales miran hacia el sur, lo que significa que es poco probable que las personas que ingresen el NDA desde el norte vean alguna señal antes de cruzar el NDA.

Crédito: Patrick Lohmann (SourceNM.com), Data: Oficina de Administración de Tierras y Departamento de Defensa (Guerra)

Un portavoz del senador de Nuevo México, Martin Heinrich, señaló que los NDAs tienen "enormes implicaciones para cualquiera que conduzca por la autopista 9 y se orille a estirar las piernas resultando en la invasión inadvertida de una base militar” [traducción propia]

Si se encuentra cerca de la frontera sur, tenga cuidado y trate de evitar cruzar accidentalmente un NDA. Consultar mapas visuales puede ser útil, pero el Departamento de Defensa no ha publicado mapas de cada NDA y los mapas disponibles no son lo suficientemente detallados como para ofrecer demarcaciones específicas para las personas en las inmediaciones generales.

Sí, pero con precaución.

Tomar fotografías y videos de lugares, personas y objetos que están a simple vista desde espacios públicos es un derecho constitucional, y eso incluye el exterior de edificios federales, así como a agentes de policía, tropas y otros funcionarios gubernamentales en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, conforme al título 18, sección 795 del Código de Estados Unidos, 18 USC § 795, el Congreso ha tipificado como delito fotografiar, trazar, cartografiar o dibujar “ciertas instalaciones o equipos militares o navales vitales”, sancionando con multa o hasta un año de cárcel, o ambas. El Departamento de Defensa (DoD) ha colocado letreros cerca de las áreas de defensa nacional citando este delito, lo que implica que esta ley se aplica a estas nuevas áreas.

ACLU sostiene que cuando usted se encuentra legalmente en un espacio público— incluyendo uno adyacente a, pero fuera de, los límites de un NDA o de una instalación militar— tiene derecho a fotografiar y grabar en video todo lo que esté a simple vista.

Sí. Las áreas de defensa nacional (NDA) no lo privan de sus derechos constitucionales.

Cuarta Enmienda – Protección contra registros e incautaciones irrazonables

• Los oficiales deben contar con hechos específicos que sugieran que usted infringió la ley para detenerlo o registrarlo.
• La raza, el origen étnico o el idioma por sí solos no son motivos válidos para detenerlo.
• Usted no tiene que consentir a un registro. Si se lo piden, puede decir: “No doy mi consentimiento”.
• Si lo detienen, pregunte por qué; los oficiales deben darle una razón.

Quinta Enmienda – Derecho al debido proceso

• Usted no tiene que responder a preguntas sobre su ciudadanía o estatus migratorio.
• Los ciudadanos no están obligados a portar prueba de ciudadanía. Los residentes permanentes (titulares de green card) y los titulares de visas deben llevar sus documentos migratorios y mostrarlos si se les solicita.
• Si desea permanecer en silencio, diga claramente: “Estoy ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio”.
• Toda persona en Estados Unidos tiene derecho a impugnar los cargos en su contra, al debido proceso y a buscar asesoría de un abogado.

Sexta Enmienda – Derecho a un abogado

• Si se le acusa de un delito, tiene derecho a un abogado, independientemente de su ciudadanía y de su capacidad de pago.
• Si lo paran, lo detienen o lo arrestan, puede decirle al oficial que exige hablar con un abogado.

Dicho todo lo anterior tenga presente que:

• Sin importar su ciudadanía, nunca debe proporcionar documentos falsos a un oficial.
• En la zona fronteriza, los funcionarios federales tienen mayor margen para abordar autobuses y establecer puntos de control permanentes o temporales que en el interior de Estados Unidos.
• La ley federal permite a la Patrulla Fronteriza realizar ciertas actividades de aplicación de la ley, como ingresar a un vehículo, sin orden judicial, “dentro de una distancia razonable” de la frontera. El gobierno define esa distancia como 100 millas. Las áreas de defensa nacional de la frontera sur se encuentran dentro de esta “zona de 100 millas”.

Puede acceder a más información aquí: inglés

In April, the Trump administration began declaring parts of the U.S.-Mexico border region as “National Defense Areas” (NDAs), as if they were restricted-access military bases.

These NDA declarations aim to give the Department of Defense (DOD) new enforcement powers along the border. For immigrant communities, the stakes are especially high: crossing into an NDA now means risking federal trespassing charges in addition to immigration charges. U.S. citizens, too, may face prosecution if they enter poorly marked areas while traveling, hiking, hunting, or working near the border.

The creation of NDAs is part of a broader pattern in President Donald Trump’s anti-immigrant strategy and his efforts to push toward an unprecedented deployment of military power throughout the country. Communities are effectively cut off from access to public lands, while states are forced to grapple with heightened enforcement and diminished transparency.

Below we break down what the new “National Defense Areas” are, how they impact our rights, and how they harm our communities.

Earlier this year, President Trump issued a memorandum transferring control of certain federal public lands along the southern border to the DOD. The secretary of defense can now designate these lands as NDAs, and has already done so in Arizona, New Mexico, and Texas.

When describing the new areas, federal officials have typically sought to minimize their size by focusing on the inclusion of a narrow, 60-foot border buffer zone, known as the “Roosevelt Reservation,” which runs parallel to some sections of the U.S.-Mexico land border. However, in some areas the NDAs extend much farther north, encompassing highways, desert lands, and areas used by local communities.

For example the New Mexico NDA alone encompasses over 400 square miles, according to an analysis by Source New Mexico. The Texas NDA stretches for 63 miles, from El Paso to Fort Hancock. Other NDAs include those in Texas’ Rio Grande Valley and in Yuma County, Arizona. Each of them are characterized as military “installations” extending from — and often very far beyond — a specific military base.

The NDAs do not include land managed or owned by federally recognized tribes. Nor do they include non-federal land, such as state parks. However, if a person visits a state park or lives on tribal or privately owned land, and they accidentally cross into an NDA, they risk being stopped, questioned, searched, and wrongly accused of intentionally entering into the restricted area.

Customs and Border Protection (CBP) and its Border Patrol agents already surveil the region and have long-standing powers to question and arrest people who enter into the United States unlawfully. Inside NDAs, the government also asserts authority for U.S. troops to question, search and temporarily detain alleged trespassers. This risks blurring the line between civilian law enforcement and military authority.

Under federal law, entering one of these areas without permission can result in criminal charges for trespassing on military property, including:

• 18 U.S.C. § 1382 – entering military property without authorization. Punishable by up to six months in prison and a $5,000 fine
• 50 U.S.C. § 797 – willfully violating a security regulation for military property. Punishable by up to one year in prison and a $100,000 fine.

In recent months, people apprehended inside NDAs have already been charged under these laws.

This depends on your citizenship status.

If you are a U.S. citizen:

• You cannot be charged with unlawful entry (or re-entry) to the United States under 8 U.S.C. 1325 or 1326, but you can still face federal trespass charges;
• You risk facing trespass charges if you cross into an NDA, for example when pulling off a highway, or hiking or hunting in desert lands.

If you are not a U.S. citizen:

• You face the same potential trespass charges, plus potential immigration charges, such as:
  • 8 U.S.C. § 1325 – unlawful entry.
  • 8 U.S.C. § 1326 – unlawful re-entry after deportation.

That means if a non-citizen is arrested within an NDA and is suspected of unauthorized entry into the U.S., they face the risk of three separate charges – unauthorized entry into a military property, willful violation of a security regulation, and unlawful entry or reentry.

If you are charged under 18 U.S.C. § 1382 or 50 U.S.C. § 797 for entering a National Defense Area, you have the right to a lawyer and the opportunity to challenge the charges in court. You are entitled to make the government prove its case against you. Anyone facing these charges should speak with an attorney as soon as possible for legal advice.

No.

The government says it has posted warning signs, but the signs are small, only in English and Spanish, and few and far between. According to court filings, the signs are placed inside the NDAs, set back from the U.S.-Mexico border line, which means that people entering the NDA from Mexico have already crossed into the restricted area before having any opportunity to read the signs. The signs reportedly face south, which means that people entering the NDA from the north are unlikely to see any signs before crossing into the NDA.

Credit: Patrick Lohmann (SourceNM.com), Data: Bureau of Land Management and Defense (War) Department

A spokesperson for New Mexico Senator Martin Heinrich noted that the NDAs have “huge implications for anyone unwittingly driving along Highway 9 who might pull over to stretch their legs and unwittingly trespass on a military base.”

If you are near the southern border, exercise caution and try to avoid accidentally crossing into an NDA. Consulting visual maps may be helpful, but DOD has not published maps of each NDA and the available maps are insufficiently detailed to offer specific demarcations for people in the general vicinity.

Yes, but with caution.

Taking photographs and videos of places, people, and objects that are plainly visible in public spaces is a constitutional right—and that includes the exterior of federal buildings, and police, troops, and other government officials carrying out their duties.

However, under 18 USC § 795, Congress has made it a crime to photograph, sketch, map or draw “certain vital military or naval installations or equipment,” punishable by a fine or imprisonment of up to a year, or both. The DOD has posted signs near NDAs, citing this crime, implying that this law applies to these new areas.

The ACLU’s position is that when you are lawfully in a public space — including a public space adjacent to but outside the boundaries of a NDA or military installation — you have the right to photograph and take video of anything that is in plain view.

Yes. NDAs do not strip you of your constitutional rights.

Fourth Amendment – Freedom from unreasonable searches and seizure

• Officers must have specific facts suggesting you broke the law to stop or search you.
• Race, ethnicity, or language alone are not valid reasons to detain you.
• You do not have to consent to a search. If asked, you can say “I do not consent.”
• If you are detained, ask why; officials should provide a reason.

Fifth Amendment – Right to due process

• You do not have to answer questions about citizenship or immigration status.
• Citizens are not required to carry proof of citizenship. Green card holders and visa holders must carry their immigration documents and show them if asked.
• If you wish to remain silent, say clearly: “I am exercising my right to remain silent.”
• Everyone in the U.S. has the right to contest charges against them, the right to due process and the right to seek advice from an attorney.

Sixth Amendment – Right to an attorney

• If you are charged with a crime, you have the right to an attorney – regardless of your citizenship status and ability to afford one.
• If you are stopped, detained, or arrested, you can tell the officer that you demand to speak with a lawyer.

With all that said, you should keep a few points in mind:

• No matter what your citizenship is, you should never provide false documents to an official.
• In the border area federal officials have greater latitude to board buses and to set up permanent or temporary checkpoints than they do farther into the interior of the US.
• Federal law permits Border Patrol to conduct certain enforcement activities, such as entering a vehicle, without a warrant “within a reasonable distance” from the border. The government defines this distance to be 100 miles. The southern border NDAs fall within this “100 Mile Zone.”